Estas
subidas que siguen agravando
el drama social y económico del país han llevado al gobierno a la modificación del mecanismo por el
que se fija la parte variable de la tarifa TUR (ahora llamada PVPC), a la que
estamos acogidos unos 20 millones de usuarios. Así, desde el pasado mes de
abril en la determinación del término de energía de la tarifa, se sustituye la
subasta trimestral CESUR por el precio fijado directamente en las subastas
diarias para cada tramo horario (inviable para la gran mayoría de usuarios que
disponemos de contador convencional) o bien por un tarifa plana previamente
acordada con la comercializadora. Se trata de un parche un tanto chapucero, al
ser difícilmente entendible para la gran mayoría de usuarios, que desconocerán
previamente los precios que se les van a aplicar. Esto ha llevado a organizaciones de consumidores como FACUA a
denunciarla ante Bruselas y ante la propia Defensora del Pueblo por
incumplimiento de directivas europeas y vulneración de elementos básicos de la
protección a los consumidores, sin que se garantice de ningún modo que los
precios no sigan subiendo.
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