No
puede ser casual que en compañías
extremadamente dependientes de la regulación pública, como son las eléctricas hayan proliferado los “fichajes” de ex
políticos entre sus consejeros o asesores pagando unas más que sustanciosas
remuneraciones.
Como
más sobresalientes se encuentran los de los ex presidentes del Gobierno Felipe
González -hasta que lo ha dejado “por aburrimiento”- por parte de Gas
Natural-Fenosa y José María Aznar por parte de Endesa, eléctrica que fue
privatizada durante su mandato.
Pero
hay muchos más. En Endesa: la ex vicepresidenta del Gobierno, Elena
Salgado (PSOE), el ex Diputado portavoz de CiU en el
Congreso, Miquel Roca; el
exministro de UCD, Rodolfo Martín
Villa (posteriormente pasado a las filas
del PP); el ex Diputado Manuel Pizarro (PP); el ex Ministro Portavoz del Gobierno del PP, Pío Cabanillas; y estuvo entre un cargo público y otro, el actual ministro de Economía, Luis de Guindos (PP). En ENEL (del mismo grupo empresarial que Endesa): el ex Ministro del
PSOE, Pedro Solbes.
En Iberdrola: el ex Ministro Ángel Acebes y el ex Secretario de Estado, Ramón de Miguel, (ambos del PP). En Red Eléctrica de España: los ex ministros, Miguel Boyer y María de los Ángeles Amador (ambos del PSOE); el
ex Secretario de
Estado en el Gobierno de
Aznar, José Folgado (PP); y estuvo también el ex Ministro del
PSOE, Luis María Atienza.
En HC Energía: los ex ministros Luis Martínez Noval (PSOE) y Ana Palacio (PP). Etc., etc.
Esta
llamada “puerta giratoria” de discutible ética y transparencia en la
Administración Pública, hay quien lo interpreta como un aprovechamiento del
“activo” que pueden aportar estos antiguos cargos públicos con sus contactos,
labrados durante sus años en el Gobierno, aunque, por otras voces, se la
califica directamente como de "corrupción
elegante" o encubierta, ya que puede suponer un pago de favores (en
algunos casos sus retribuciones superan los 600 000 € anuales) que mantenido en
el tiempo constituye una permanente invitación premiada para que los
Administradores Públicos actúen
a favor del lobby eléctrico. Sus consecuencias
también se trasladan al recibo de la luz que todos hemos de pagar.
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