ALTERNATIVAS

De la lectura de todo lo anterior se desprenden muchas de las medidas que creemos deberían tomarse, haciéndose necesaria una reforma en profundidad del sistema energético con la implantación progresiva de las energías renovables bajo un modelo descentralizado que favoreciera la proliferación de pequeñas instalaciones y el autoconsumo de energía, que además de reducir las emisiones contaminantes y de CO2, favorecería la eficiencia energética al generarse la energía en el punto de consumo, mejoraría la balanza comercial y disminuiría nuestra dependencia energética. A medio plazo, supondría una reducción del coste medio de producción, democratizaría el sistema energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector.
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Debería implantarse un precio “bonificado” o “social” para consumidores con poco poder adquisitivo, asegurar la prestación de los servicios públicos y garantizar, en todo caso, el suministro básico esencial de energía para que nadie más pueda verse privado de este servicio básico por carencia constatada de recursos económicos.

Creemos necesario el control público de las empresas del sector energético para preservar el interés general de un servicio esencial y llevar al sector público los servicios básicos, como la de la red de transporte eléctrico.

Por último, es exigible una auditoría energética, pública y rigurosa, tal y como están demando distintos agentes sociales, para determinar las causas reales, si las hay, del déficit tarifario.

6ª.- LA PUERTA GIRATORIA

No puede ser casual que en compañías extremadamente dependientes de la regulación pública, como son las eléctricas hayan proliferado los “fichajes” de ex políticos entre sus consejeros o asesores pagando unas más que sustanciosas remuneraciones.

Como más sobresalientes se encuentran los de los ex presidentes del Gobierno Felipe González -hasta que lo ha dejado “por aburrimiento”- por parte de Gas Natural-Fenosa y José María Aznar por parte de Endesa, eléctrica que fue privatizada durante su mandato.

Pero hay muchos más. En Endesa: la ex vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado (PSOE), el ex Diputado portavoz de CiU en el Congreso, Miquel Roca; el exministro de UCD, Rodolfo Martín Villa (posteriormente pasado a las filas del PP); el ex Diputado Manuel Pizarro (PP); el ex Ministro Portavoz del Gobierno del PP, Pío Cabanillas; y estuvo entre un cargo público y otro, el actual ministro de Economía, Luis de Guindos (PP). En ENEL (del mismo grupo empresarial que Endesa): el ex Ministro del PSOE, Pedro Solbes. En Iberdrola: el ex Ministro Ángel Acebes y el ex Secretario de Estado, Ramón de Miguel, (ambos del PP). En Red Eléctrica de España: los ex ministros, Miguel Boyer y María de los Ángeles Amador (ambos del PSOE); el ex Secretario de Estado en el Gobierno de Aznar, José Folgado (PP); y estuvo también el ex Ministro del PSOE, Luis María Atienza. En HC Energía: los ex ministros Luis Martínez Noval (PSOE) y Ana Palacio (PP). Etc., etc.

Esta llamada “puerta giratoria” de discutible ética y transparencia en la Administración Pública, hay quien lo interpreta como un aprovechamiento del “activo” que pueden aportar estos antiguos cargos públicos con sus contactos, labrados durante sus años en el Gobierno, aunque, por otras voces, se la califica directamente como de "corrupción elegante" o encubierta, ya que puede suponer un pago de favores (en algunos casos sus retribuciones superan los 600 000 € anuales) que mantenido en el tiempo constituye una permanente invitación premiada para que los Administradores Públicos actúen a favor del lobby eléctrico. Sus consecuencias también se trasladan al recibo de la luz que todos hemos de pagar.

5º.- LA ACTUAL TARIFA

Estas subidas que siguen agravando el drama social y económico del país han llevado al gobierno a la modificación del mecanismo por el que se fija la parte variable de la tarifa TUR (ahora llamada PVPC), a la que estamos acogidos unos 20 millones de usuarios. Así, desde el pasado mes de abril en la determinación del término de energía de la tarifa, se sustituye la subasta trimestral CESUR por el precio fijado directamente en las subastas diarias para cada tramo horario (inviable para la gran mayoría de usuarios que disponemos de contador convencional) o bien por un tarifa plana previamente acordada con la comercializadora. Se trata de un parche un tanto chapucero, al ser difícilmente entendible para la gran mayoría de usuarios, que desconocerán previamente los precios que se les van a aplicar. Esto ha llevado  a organizaciones de consumidores como FACUA a denunciarla ante Bruselas y ante la propia Defensora del Pueblo por incumplimiento de directivas europeas y vulneración de elementos básicos de la protección a los consumidores, sin que se garantice de ningún modo que los precios no sigan subiendo. 

4º.- LAREFORMA DE 2013

Para hacer frente al déficit tarifario y ante el irrefrenable incremento del precio de la luz, el gobierno emprende en 2013 una reforma superficial basada en el aumento de la parte fija de la tarifa y en la eliminación de las primas de las renovables a las que trata de señalar como causantes de la gravosidad del mismo, sin tener en cuenta que si por un lado aumentaban la carga de peajes, por otro abarataban el precio de la energía en las subastas.

Los únicos efectos de esta reforma han sido el freno que está suponiendo a un sector en el que España cuenta con tecnología punta a nivel mundial y capacidad de generar miles de puestos de trabajo, y al futuro energético del país, ya que la factura ha seguido subiendo, incluso de forma escandalosa (como ocurrió en enero de 2014 en la subasta CESUR).

3ª.- EL DÉFICIT TARIFARIO

Por otro lado, a partir del pool eléctrico el sistema reconoce a las centrales generadoras unos altos costes fijos de producción que ellas mismas establecen (pero nunca auditados) y que sitúan a la energía eléctrica española como una de las más caras de Europa. Bajo todas estas circunstancias las predicciones anunciadas por el Gobierno de Aznar de reducción de precios tras la liberación del mercado (que hemos de recordar nos costó 5 billones de ptas., con las que el estado primó a estas empresas para “adecuar su transición a la competencia”) sólo pudieron cumplirse durante unos primeros años de tregua inicial, emprendiendo a partir de 2002 su remontada. Por motivos políticos (no interesaba que la opinión pública asociara subidas con liberalización del mercado eléctrico), el entonces ministro Rodrigo Rato estableció una regla según la cual la tarifa eléctrica nunca podía subir más que el IPC. Se trataba de un artilugio con el que el gobierno del PP ocultaba a la opinión pública la verdadera subida de precios, escondiendo “bajo la alfombra” la parte de las subidas no incluidas en las facturas, que se van acumulando en una deuda que el estado asume frente a las eléctricas. Surge así el llamado déficit tarifario, que no es de naturaleza económica, sino regulatoria, y que creció espectacularmente a partir de 2005, ya con el PSOE en el poder.

Actualmente el déficit tarifario ronda los 30 000 mill. de € de stock de deuda que, aún derogada la regla Rato, ha seguido creciendo. Una deuda generada sobre el consumo de un artículo de primera necesidad en tiempos en los que la economía gozaba de buena salud y que debemos pagar ahora y con intereses (consumidores y Estado) en la difícil situación económica en que nos encontramos. ¡El despropósito no ha podido ser mayor!