De la lectura de todo lo anterior se desprenden muchas de las medidas que creemos deberían tomarse, haciéndose necesaria una reforma en profundidad del sistema energético con la implantación progresiva de las energías renovables bajo un modelo descentralizado que favoreciera la proliferación de pequeñas instalaciones y el autoconsumo de energía, que además de reducir las emisiones contaminantes y de CO2, favorecería la eficiencia energética al generarse la energía en el punto de consumo, mejoraría la balanza comercial y disminuiría nuestra dependencia energética. A medio plazo, supondría una reducción del coste medio de producción, democratizaría el sistema energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector.
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Debería implantarse un precio “bonificado” o “social”
para consumidores con poco poder adquisitivo, asegurar la prestación de los
servicios públicos y garantizar, en todo caso, el suministro básico esencial de
energía para que nadie más pueda verse privado de este servicio básico por
carencia constatada de recursos económicos.
Creemos
necesario el control público de las empresas del sector energético para
preservar el interés general de un servicio esencial y llevar al sector público
los servicios básicos, como la de la red de transporte eléctrico.
Por
último, es exigible una auditoría energética, pública y rigurosa, tal y como
están demando distintos agentes sociales, para determinar las causas reales, si
las hay, del déficit tarifario.
