El precio de la tarifa eléctrica ha subido
en España más de un 70 % desde 2005, siendo la tercera más cara de Europa en
unas circunstancias que han llevado a que el 10% de la población sufra lo que
se ha dado en llamar pobreza energética. ¿A qué se deben estas desmesuradas
subidas que lastran nuestra industria y agravan las dificultades económicas de
millones de familias en la actual situación de crisis? ¿Cómo es posible que
estemos pagando casi el doble de precio que la media europea y al mismo tiempo
dos de las empresas españolas ocupen el 2º y 3er lugar en el ranking de
ganancias de empresas eléctricas europeas?
Desentrañar esta realidad se hace harto
complicado dada la maraña de datos, interpretaciones y mecanismos con los que
se opera en un sistema tan complejo. Como alguien ha dicho “no hay cosa más
opaca en la economía de este país que el precio de la electricidad”. No
obstante, en base a distintas informaciones y análisis, intentaremos
aproximarnos de modo sucinto a la contestación de estas preguntas por medio de
las siguientes claves:
1ª.- EL OLIGOPOLIO
La situación que impera en el sector
eléctrico español es la de un oligopolio de hecho, en el que cinco grandes
compañías asociadas en UNESA dominan el 80% de la producción y el 90% de la
comercialización. Oligopolio que hunde sus raíces en pleno franquismo, con nombres
que habían contribuido a la financiación del golpe de estado que dio origen a
la guerra civil, como los March, Oriol,
etc., a quienes el régimen de Franco devuelve el favor con la no
nacionalización -tal y como se hizo en los países más avanzados- que les generó
unos sustanciosos beneficios. La concentración empresarial posterior en una
rama comercial que tiende al monopolio permitió la consolidación de un bloque
bancario-eléctrico que, tras la transición, ha continuado actuando como lobby y
gozando de una enorme capacidad de imponer su ley.
2ª.- EL SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL
La liberalización parcial del mercado
eléctrico llevado a cabo por el gobierno de Aznar en 1997, fija unas bases que otorgan todas las ventajas
a las grandes compañías.
En el actual sistema eléctrico los
precios de la electricidad se han venido fijando en subastas mayoristas (pool
eléctrico) en las que diariamente se adjudica la demanda por tramos horarios del
día siguiente a las centrales de generación, pero con la particularidad de que el
precio más caro contratado es el que se fija de modo uniforme para toda la
energía adjudicada en la subasta.
Se trata de un sistema que genera un
amplio margen comercial. Además, según estas reglas de juego, a las grandes
eléctricas en determinadas circunstancias les puede interesar mantener
inactivas sus centrales gestionables (hidroeléctricas) para que entren en juego
las centrales de producción más cara (ciclos combinados de gas) lo cual incrementará
el precio de la energía eléctrica y su margen de beneficios.
3ª.- EL DÉFICIT TARIFARIO
Por otro lado, a partir del pool eléctrico el sistema
reconoce a las centrales generadoras unos altos costes fijos de producción que
ellas mismas establecen (pero nunca auditados) y que sitúan a la energía
eléctrica española como una de las más caras de Europa. Bajo todas estas
circunstancias las predicciones anunciadas por el Gobierno de Aznar de reducción
de precios tras la liberación del mercado (que hemos de recordar nos costó 5
billones de ptas., con las que el estado primó a estas empresas para “adecuar
su transición a la competencia”) sólo pudieron cumplirse durante unos primeros
años de tregua inicial, emprendiendo a partir de 2002 su remontada. Por motivos políticos (no interesaba que la opinión
pública asociara subidas con liberalización del mercado eléctrico), el entonces
ministro Rodrigo Rato estableció una regla según la cual la tarifa eléctrica
nunca podía subir más que el IPC. Se trataba de un artilugio con el que el gobierno
del PP ocultaba a la opinión pública la verdadera subida de precios, escondiendo
“bajo la alfombra” la parte de las subidas no incluidas en las facturas, que se
van acumulando en una deuda que el estado asume frente a las eléctricas. Surge así
el llamado déficit tarifario, que no es de naturaleza económica, sino
regulatoria, y que creció espectacularmente a partir de 2005, ya con el PSOE en
el poder.
Actualmente el déficit tarifario ronda los 30 000
mill. de € de stock de deuda que, aún derogada
la regla Rato, ha seguido creciendo. Una deuda generada sobre el consumo de un
artículo de primera necesidad en tiempos en los que la economía gozaba de buena
salud y que debemos pagar ahora y con intereses (consumidores y Estado) en la
difícil situación económica en que nos encontramos. ¡El despropósito no ha
podido ser mayor!
4º.- LAREFORMA DE 2013
Para hacer frente al déficit tarifario
y ante el irrefrenable incremento del precio de la luz, el gobierno emprende en
2013 una reforma superficial basada en el aumento de la parte fija de la tarifa
y en la eliminación de las primas de las renovables a las que trata de señalar
como causantes de la gravosidad del mismo, sin tener en cuenta que si por un
lado aumentaban la carga de peajes, por otro abarataban el precio de la energía
en las subastas.
Los únicos efectos de esta reforma han
sido el freno que está suponiendo a un sector en el que España cuenta con
tecnología punta a nivel mundial y capacidad de generar miles de puestos de
trabajo, y al futuro energético del país, ya que la factura ha seguido
subiendo, incluso de forma escandalosa (como ocurrió el pasado enero en la
subasta CESUR).
5º.- LA ACTUAL TARIFA
Estas subidas que siguen agravando
el drama social y económico del país han llevado al gobierno a la modificación
del mecanismo por el que se fija la parte variable de la tarifa TUR (ahora
llamada PVPC), a la que estamos acogidos unos 20 millones de usuarios. Así,
desde el pasado mes de abril en la determinación del término de energía de la
tarifa, se sustituye la subasta trimestral CESUR por el precio fijado
directamente en las subastas diarias para cada tramo horario (inviable para la
gran mayoría de usuarios que disponemos de contador convencional) o bien por un
tarifa plana previamente acordada con la comercializadora. Se trata de un
parche un tanto chapucero, al ser difícilmente entendible para la gran mayoría
de usuarios, que desconocerán previamente los precios que se les van a aplicar.
Esto ha llevado a organizaciones de
consumidores como FACUA a denunciarla ante Bruselas y ante la propia Defensora
del Pueblo por incumplimiento de directivas europeas y vulneración de elementos
básicos de la protección a los consumidores, sin que se garantice de ningún
modo que los precios no sigan subiendo.
6ª.- LA PUERTA GIRATORIA
No puede ser casual que en compañías
extremadamente dependientes de la regulación pública, como son las eléctricas hayan proliferado los “fichajes” de ex
políticos entre sus consejeros o asesores pagando unas más que sustanciosas
remuneraciones.
Como más sobresalientes se encuentran los de los ex presidentes
del Gobierno Felipe González -hasta que lo ha dejado “por aburrimiento”-
por parte de Gas Natural-Fenosa y José María Aznar por parte de Endesa,
eléctrica que fue privatizada durante su mandato.
Pero hay muchos más. En Endesa: la ex
vicepresidenta
del Gobierno, Elena Salgado (PSOE), el ex Diputado portavoz
de CiU en el Congreso, Miquel Roca; el exministro de UCD, Rodolfo Martín Villa (posteriormente pasado a las filas del PP); el ex Diputado Manuel Pizarro (PP); el ex Ministro Portavoz
del Gobierno del PP, Pío Cabanillas; y estuvo entre
un cargo público y otro, el actual ministro de Economía, Luis de Guindos (PP). En ENEL (del
mismo grupo
empresarial que Endesa): el ex Ministro del PSOE, Pedro Solbes. En Iberdrola: el ex Ministro Ángel Acebes y el ex Secretario de Estado,
Ramón de Miguel,
(ambos del PP). En Red Eléctrica de España: los ex ministros,
Miguel Boyer y María
de los
Ángeles Amador (ambos del PSOE); el ex
Secretario de
Estado en
el Gobierno de Aznar, José Folgado (PP); y estuvo también el ex
Ministro del PSOE, Luis María Atienza. En HC Energía: los ex ministros Luis Martínez Noval (PSOE) y Ana Palacio (PP). Etc., etc.
Esta llamada “puerta giratoria” de discutible ética y
transparencia en la Administración Pública, hay quien lo interpreta como un
aprovechamiento del “activo” que pueden aportar estos antiguos cargos públicos
con sus contactos, labrados durante sus años en el Gobierno, aunque, por otras
voces, se la califica directamente como de "corrupción
elegante" o encubierta, ya que puede
suponer un pago de favores (en algunos casos sus retribuciones superan los 600
000 € anuales) que mantenido en el tiempo constituye una permanente invitación
premiada para que los Administradores Públicos actúen a
favor del lobby eléctrico. Sus consecuencias
también se trasladan al recibo de la luz que todos hemos de pagar.
ALTERNATIVAS
De la lectura de todo lo anterior se desprenden muchas de las medidas que
creemos deberían tomarse, haciéndose necesaria una reforma en profundidad del
sistema energético con la implantación progresiva de las energías renovables
bajo un modelo descentralizado que favoreciera la proliferación de pequeñas
instalaciones y el autoconsumo de energía, que además de reducir las emisiones
contaminantes y de CO2, favorecería la eficiencia energética al generarse la
energía en el punto de consumo, mejoraría la balanza comercial y disminuiría
nuestra dependencia energética. A medio plazo, supondría una reducción del
coste medio de producción, democratizaría el sistema energético y fomentaría el
desarrollo local, generando empleos en el sector.
Debería implantarse un precio “bonificado” o “social” para consumidores con
poco poder adquisitivo, asegurar la prestación de los servicios públicos y
garantizar, en todo caso, el suministro básico esencial de energía para que
nadie más pueda verse privado de este servicio básico por carencia constatada
de recursos económicos.
Creemos necesario el
control público de las empresas del sector energético para preservar el interés
general de un servicio esencial y llevar al sector público los servicios
básicos, como la de la red de transporte eléctrico.
Por último, es exigible una auditoría energética,
pública y rigurosa, tal y como están demando distintos agentes sociales, para
determinar las causas reales, si las hay, del déficit tarifario.
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