LLAMAMIENTO DE IZQUIERDA UNIDA: POR UN 1º DE MAYO DE LUCHA POR UNA SALIDA SOCIAL DE LA CRISIS

Este Primero de Mayo de 2011 tiene lugar en un contexto especialmente agudo de luchas sociales en nuestro país y en el mundo.

Los gestores del neoliberalismo, que es la versión contemporánea del capitalismo, han decidido utilizar la crisis del sistema capitalista para intensificar la explotación de los trabajadores y pueblos del mundo entero. Tratan de recuperar la tasa de ganancia a costa del recorte de las retribuciones salariales, el retroceso de las conquistas sociales y la limitación de la democracia.
En España, el número de parados y paradas está en el borde de los 5 millones, de acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa. Mientras, el gran capital, con la complicidad del Gobierno (gestada en la reunión de Rodríguez Zapatero con los grandes empresarios, aunque su Ministro de Trabajo haga protesta de “boquilla” y se adopten medidas insignificantes) , se atreve a hacer públicas medidas que, hasta no hace mucho, hubieran sido consideradas como inimaginables y ocultadas a la opinión pública. Así, Telefónica, anuncia el despido de 6.000 trabajadores mientras obtiene los beneficios más altos de su historia y retribuye a sus directivos con más de 450 millones de euros de compensación extraordinaria. Y se trata sólo de un ejemplo.
La llamada reforma laboral ha abaratado el despido y, lejos de facilitar la contratación indefinida, la ha convertido en una excepción que no supera el 9% del total de los contratos.

La reforma del sistema público de pensiones constituye un ataque sin precedentes al salario indirecto de los trabajadores y tiene como finalidad abrir camino a los fondos privados de pensiones y garantizar los recursos necesarios para hacer frente a la deuda externa de la Banca española, generada esencialmente en el proceso de especulación inmobiliaria.
Con ese mismo objetivo se pone a disposición del capital financiero para su gestión la mitad del ahorro del país, mediante la privatización de las Cajas de Ahorro.
No hay ni una sola medida de las tomadas por el Gobierno Zapatero/Rubalcaba, con la excusa de combatir la crisis, que no vaya directa o indirectamente en beneficio de la banca, cuya situación de endeudamiento constituye una auténtica obsesión para el Ejecutivo del PSOE y en cuyo favor está dispuesto a sacrificar el empleo, los servicios sociales, las pensiones y la inversión pública.
Además, la proyectada reforma de la negociación colectiva pretende liquidar el sindicalismo combativo y de clase, desproteger a los trabajadores y hacer retroceder, incluso, los limitados contenidos de democracia social y económica de la Constitución española.
Ya hay la suficiente experiencia para constatar que las medidas que se están adoptando frente a la crisis, impulsadas por la Comisión Europea y el FMI, y exigidas por los gobiernos neoliberales de los países centrales de la UE, están fracasando y generan un alto coste para los trabajadores y trabajadoras, tanto por cuenta ajena como autónomos, y para la gran mayoría de la ciudadanía. Se reconoce sin rubor que son los mercados los que mandan sobre la voluntad popular. Mercados que, aunque se quiere ocultar, tienen nombre y apellidos: son los dueños de los grandes bancos y de las grandes empresas, los gestores de los fondos especulativos.
Pero las gentes que vivimos de nuestro trabajo o estamos en paro no aceptamos esta situación como si fuera un castigo divino. Que paguemos la crisis quienes no la hemos creado no es una necesidad, sino la mejor conveniencia de los mismos que la generaron y que han obtenido escandalosos beneficios con ella.
Nos rebelamos frente a esa conveniencia injusta y explotadora.
Nos rebelamos frente a las políticas de derechas del Gobierno del PSOE y nos rebelamos frente a la derecha económica y política (bien representada por el PP y los partidos nacionalistas de derechas) porque coinciden en lo fundamental: sacrificios para el mundo del trabajo y beneficios para el mundo del capital.
IZQUIERDA UNIDA mantiene frente a la crisis una posición coherente y combativa. Fuimos los primeros en plantear una Huelga General frente a las medidas del Gobierno y seguimos defendiendo un amplio paquete de medidas para abrir una salida social a la crisis, centrado en la creación de empleo y en el impulso de la economía productiva.
Planteamos con firmeza nuestra posición en el Parlamento, a través de propuestas legislativas, y en la calle mediante la convocatoria de actos y movilizaciones. Nos pronunciamos resueltamente frente a la reforma de las pensiones, independientemente del acuerdo al que hayan podido llegar los sindicatos, de la misma forma que nos comprometemos con los sindicatos en el éxito de la Iniciativa Legislativa Popular para derrotar la reforma laboral impuesta por el Gobierno.
IZQUIERDA UNIDA se mantiene firmemente con la gente de izquierda, con los trabajadores y trabajadoras.
Veintidós días después de este Primero de Mayo van a tener lugar elecciones municipales y autonómicas. Participar en las movilizaciones convocadas el día de la Fiesta Internacional de los Trabajadores es hoy más necesario que nunca, votar en las próximas elecciones para lograr Ayuntamientos y CC.AA. que sean auténticos baluartes frente a la derecha y a las políticas de derechas es la mejor garantía para lograr una salida social de la crisis.

POR EL EMPLEO

POR LOS DERECHOS SOCIALES Y SINDICALES

EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS

¡VIVA EL 1º DE MAYO!

CONTRA LOS BULOS, INFORMACIÓN

En las últimas semanas se están difundiendo entre la población una serie de agrias críticas contra IU-CA en relación al proyecto de actuación para la construcción de una fábrica de patatas fritas en una finca rústica en El Aneal, en las que se acusa a nuestro grupo municipal de estar impidiendo que se construya la referida fábrica.

Queremos salir al paso de estas afirmaciones tergiversadas y tendenciosas, surgidas tanto del entorno del PP como del PSOE y aclarar el asunto informando de cual ha sido nuestra postura respecto al mismo.

En primer lugar, hemos de decir que IU-CA nunca se ha opuesto ni se va a oponer a que se puedan construir proyectos que puedan ampliar la actividad económica en nuestro término municipal, siempre que cuenten con los requisitos necesarios y cumplan con las exigencias que impone la ley y, en concreto, las que se refieren a las condiciones que ha de reunir la parcela en la que se haya que construir.

Por otro lado, también decimos que, en el tema en cuestión, como en muchos otros, de ninguna manera podríamos impedir nada, en primer lugar, por simple cuestión aritmética, es decir, con cuatro votos de un pleno de once concejales en el que el resto de grupos están de acuerdo, resulta imposible parar nada; y en segundo lugar, porque el alcalde tiene las competencias en urbanismo para aprobar licencias de obras, por lo tanto puede hacerlo si quiere, y no son pocas las ocasiones en las que se realizan obras de dudosa legalidad queramos o no la oposición.

Una vez hechas estas apreciaciones entramos en el fondo del asunto, aclarando, en primer lugar que el proyecto de actuación es un instrumento que se utiliza para poder construir en suelo no urbanizable, aplicando el art. 42.1 de la LOUA (Ley de ordenación urbanística de Andalucía). Este proyecto, en concreto, de construcción de una nave para la fabricación y comercialización de patatas fritas, es aprobado inicialmente por decreto del alcalde el 15 de febrero de 2010, del que dio cuenta en el pleno de 2 de marzo. Una vez que se admite a trámite un proyecto de actuación éste pasa por un periodo de exposición pública. En este periodo, la Delegación de Obras Públicas tiene que emitir informe, que puede ser favorable, desfavorable o favorable señalando la necesidad de subsanación de deficiencias detectadas. Pero es importante señalar que, en ningún caso, estos informes son vinculantes para el ayuntamiento.

Esta es la razón por la que, a pesar de que el Informe emitido por Obras Públicas fue en este caso desfavorable, en el pleno de 6 de julio de 2010 se pudiera aprobar la admisión definitiva a trámite del proyecto. Nuestra postura en esta votación fue la de abstención, como dijimos en el referido pleno, no por estar en contra del proyecto, sino por la existencia del citado informe desfavorable de Obras Públicas que nos pareció bien fundamentado. La postura que adoptamos no frenaba ni obstaculizaba que el proyecto pudiera salir adelante, pero sí nos desvinculaba del mismo, al dudar de su legalidad. Hay que señalar que el respeto a la legalidad es una exigencia de todo cargo público y que el no cumplimiento del mismo, a sabiendas, puede conllevar el delito de prevaricación, delito del que tanto hemos visto últimamente aparecer en los medios de comunicación en muchos lugares de la geografía española acusándose a cargos municipales en relación con temas urbanísticos.

Como hemos dicho, aún sin nuestro apoyo, el proyecto podría haber salido adelante. El problema surgió cuando el ayuntamiento recibe oficio de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas, instándole –que no ordenándole- a que anule el mencionado acuerdo pleno de 6 de julio de 2010, mediante el que se aprobó el citado proyecto de actuación, debido a que –citamos textualmente- “El citado acuerdo municipal resulta contrario al ordenamiento urbanístico, y constitutivo de una infracción urbanística grave, ya que habilita la obtención de licencia de obras para la construcción de unas edificaciones contrarias a la ordenación urbanística, de conformidad con lo dispuesto en el art. 207.3. d) de la LOUA, bastando para su apreciación la simple comprobación entre las previsiones contenidas en la normativa urbanística y la realidad de las actuaciones contempladas en el referido Proyecto, lo que atribuye a la referida infracción el carácter de manifiesta, ya que la infracción es patente, notoria y apreciable sin necesidad de consumir esfuerzos interpretativos o exegéticos”.

Como puede apreciarse se trataba de una seria advertencia de ilegalidad que, no obstante, como hemos señalado anteriormente, no obligaba al ayuntamiento a adoptar ninguna resolución concreta. Por lo tanto, al recibir este escrito el ayuntamiento tenía dos opciones:

1ª.- Aceptar la recomendación, reconocer el error y rectificar anulando el acuerdo plenario anterior.

2ª.- Discrepar de la misma en base a una interpretación legal distinta y seguir adelante con la decisión adoptada. Si bien, en este caso, la prudencia aconsejaría que la misma se sustentara de manera fehaciente técnica y jurídicamente, de modo que el ayuntamiento no pudiera ser acusado de prevaricación, ya que, del referido escrito de Obras Públicas, se desprendía claramente que esa Consejería podría recurrir ante la Justicia si el acuerdo adoptado no atendía sus indicaciones. Hay que decir que el expediente contaba con un informe favorable del SAU, pero éste es tan escueto, superficial y esquivo que, en modo alguno, podía servir de contrarresto a la profusa argumentación del Informe técnico de obras Públicas.

Pues bien, ante esta tesitura ¿qué es lo que hace el Ayuntamiento? Ni una cosa ni otra: con el apoyo de los grupos del PSOE, PP y PA, en el pleno de 18 de Enero de 2011, el Alcalde saca adelante una propuesta en la que –en principio- no acepta anular el acuerdo del pleno, si bien se deja en suspenso la continuidad del expediente puesto que tampoco se atreve a seguir adelante -suponemos que al no confiar excesivamente en la plena legalidad del acuerdo adoptado- y tampoco se consigue un informe técnico alternativo al de Obras Públicas que le permitiera poder hacerlo con las suficientes garantías. La salida, por lo tanto, es por la tangente: presentar un conjunto de alegaciones al informe de Obras Públicas, lo cual –desde nuestro punto de vista- no tenía mucho sentido, por cuanto:

- La presentación de alegaciones está indicada cuando una Administración o poder público impide a alguien la ejecución de algo a lo que cree tener derecho, pero no en este caso, en el que el Ayuntamiento tenía absoluta vía libre para adoptar la decisión que creyera conveniente, bajo su responsabilidad y, como siempre, debiendo cumplir la ley.

- Lo razonable sería –si se tiene el convencimiento de que su interpretación legal es la correcta- buscar el aval de un informe técnico con el que “cubrirse sus espaldas”, seguir adelante y que fueran, en todo caso, los tribunales los que solventasen la cuestión y dejaran claro el modo de actuar para casos posteriores. ¿Qué sentido tiene que los concejales de un municipio traten de convencer a técnicos redactores del Informe de Obras Públicas de que están en un error de interpretación legal y que deben rectificar?

Por nuestra parte, si IU-CA hubiese tenido en la mesa dos informes contrapuestos hubiese valorado cual es el más fundamentado desde nuestro punto de vista y, junto a la defensa de los intereses de Carcabuey y nuestra idea de la ordenación del territorio, habríamos podido adoptar una decisión definitiva con relación al proyecto en cuestión. Pero dado el modo en que se ha actuado, lo único frente a lo que hemos podido pronunciarnos ha sido sobre el apoyo a unas alegaciones basadas en opiniones particulares carentes de toda solvencia jurídica, cuyo procedimiento considerábamos equivocado y de cuyo contenido, además, discrepamos radicalmente, ya que en las mismas se llega a afirmar que en el término de Carcabuey no existen ”...prácticamente suelos idóneos para asentar un mínimo polígono industrial”, lo cual es absolutamente falso e inaceptable por nuestra parte, máxime desde el momento en que el Alcalde actual ha tenido la ocasión de continuar o reiniciar el proyecto de creación de un Polígono Industrial y no ha querido mover un solo dedo en cuatro años sobre el mismo.

Por otro lado, no es lo habitual que sea el ayuntamiento quien presente alegaciones, sino el propio afectado, correspondiendo, en todo caso, al alcalde, hacer las gestiones de apoyo necesarias.

Así, pues, para un grupo político que pretende actuar con seriedad en las instituciones, su única opción no podía ser otra que votar en contra de esta propuesta de alegaciones, -repetimos- que no del proyecto en sí.

Es necesario señalar que tanto las Normas Subsidiarias de Carcabuey como la LOUA, no son normas elaboradas y aprobadas por IU-CA sino por el PSOE y, si no son adecuadas, lo que hay que hacer es modificarlas, pero no podemos incumplirlas.

También queremos decir que informes desfavorables por parte de Obras Públicas no es la primera vez que llegan, y nunca el Ayuntamiento de Carcabuey había actuado de esta forma. Concretamente recordamos uno en el periodo 2003-2007 cuando nosotros gobernábamos, sobre el proyecto para la construcción de la casa rural “El Tejar Viejo”. Lo que hicimos en aquella ocasión fue encargar un tercer informe técnico y, siendo éste favorable, seguir adelante con el proyecto, aprobándolo en el pleno de 7 de marzo de 2006, por cierto con la abstención tanto del grupo del PP como del PSOE.

Terminamos diciendo que, a lo largo de este mandato, estando en la oposición, nuestra actuación no ha sido la de obstruir y oponernos porque sí a proyectos de interés, sino al contrario, hemos apoyado todos los que nos han parecido favorables para Carcabuey, como lo demuestran los datos municipales que hemos publicado recientemente.

Por último, queremos expresar que cuando se hacen críticas y acusaciones contra alguien, no está bien tergiversar la realidad ni tratar de ocultar la información, como nos hemos enterado que ha ocurrido cuando, desde el Ayuntamiento, se han dado órdenes que han impedido publicar, a su debido tiempo, en esta revista el acta del pleno en cuestión donde se recogen las intervenciones de todos los grupos, así como el citado informe de Obras Públicas. ¿Con qué objeto? ¿Con el de impedir que las conozca la población y pueda darle cabida a esta campaña emprendida contra IU-CA? Grupo municipal de IU-CA

GOLPE AL ENCHUFISMO: YA HAY SENTENCIA SOBRE EL CONTENCIOSO GUADALINFO.

EL JUEZ NOS DA LA RAZÓN

Aunque la atención informativa de Carcabuey ha estado centrada recientemente en el trágico suceso ocurrido en nuestro pueblo, lo cierto es que en estos días hemos recibido la sentencia sobre el contencioso-administrativo que interpuso nuestro portavoz Juan Castro, en nombre del grupo municipal de IU-CA.
El fallo estima el recurso declarando la nulidad de la admisión en abril de 2008 al proceso de selección para la contratación del Dinamizador Guadalinfo de Carcabuey de la persona que resultó seleccionada y contratada para el puesto, por haberse realizado indebidamente, ya que no contaba con titulación suficiente para el mismo.
La sentencia apenas si ha tenido que aportar mucho razonamiento sobre el fondo del asunto, dado que éste era tan evidente que ni siquiera la defensa del Ayuntamiento ni de la persona afectada esgrimieron argumento alguno en contra del mismo, centrándose las confrontaciones en cuestiones técnico-jurídicas sobre la legitimación por nuestra parte de presentación del recurso, cuestión que fue resuelta también a nuestro favor.
La actuación recurrida era tan claramente incorrecta que, incluso, el sólo hecho de haberla defendido, le habría podido causar la imposición de costas contra el Ayuntamiento, ya que, según recoge la sentencia, éstas no se han impuesto “al no apreciarse la temeridad o mala fe exigibles para ello, dado que la demandada no se ha opuesto al recurso en base a razones sobre el fondo del mismo”.
Por lo tanto, si el Ayuntamiento no ha podido ni siquiera oponerse al recurso en base a razones sobre el fondo del mismo, esto quiere decir que el asunto fundamental ha quedado claro e inapelable: no obraron correctamente al admitir al proceso de selección para el dinamizador/a del centro Guadalinfo de Carcabuey, a la persona que fue contratada y ocupa actualmente ese puesto de trabajo.
Ello supone que el Alcalde debe cumplir la sentencia cesando a la dinamizadora de Guadalinfo, realizar una nueva convocatoria y asumir la responsabilidad que le corresponde -tanto por haber realizado una actuación contraria a la ley, como por no haber estimado nuestro recurso previo contra la misma-, con independencia de que el Ayuntamiento quiera o no recurrirla (puesto que, en todo caso, habría de hacerse en base a argumentos técnico-jurídicos).
Recordemos que el grupo municipal de IU-CA presentó este recurso ante la falta de imparcialidad y las numerosas irregularidades observadas en el proceso selectivo llevado a cabo por el Ayuntamiento en 2008 (ver en este blog, 3ª entrada de 25-08-10). En definitiva, esta sentencia supone un espaldarazo a nuestra política de oposición rotunda a cualquier tipo de discriminación, favoritismo y enchufismo en la contratación de trabajadores por parte del Ayuntamiento, en la que nos hemos venido encontrando solos casi siempre, dado el escaso interés con el que actúan en este terreno los demás grupos municipales.

¿MIEDO A LA INFORMACIÓN Y A LA TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY?

Las actas de los Plenos Municipales recogen los turnos de palabra y los acuerdos tomados en los mismos; pero no son un fiel reflejo de todo lo que sucede en los mismos porque se trata de un resumen sucinto en el que se pasan por alto muchas palabras, expresiones y detalles, que probablemente también sean de interés para l@s ciudadan@s.
Al amparo del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Ayuntamientos (R.O.F. art. 88-2) que dice textualmente: “Nada impide la instalación de sistemas megafónicos o de circuitos cerrados de televisión que permitan la ampliación y difusión auditiva y visual del desarrollo de la sesión”, nuestro grupo (IU) presentó a principios de verano una moción que recogía una petición para grabar los Plenos con el fin de ofrecerlos la ciudadanía desde este blog con todos sus matices, con todas las palabras, con el tono de las voces, con las miradas y reacciones de los miembros de la Corporación.
En principio no hay, o no debería haber, ningún problema en que l@s carcabulenses conocieran con todo detalle la actuación de sus cargos electos. La información y la transparencia siempre es deseable en un Ayuntamiento y nunca debería incomodar a nadie. Pero parece que no es así.
En la Comisión de Portavoces celebrada el día 14 de Octubre PSOE, PP y PA se unieron para dar al traste con nuestra intención votando en contra de la moción. El alcalde, aduciendo que las grabaciones no tenían como finalidad el soporte técnico para la secretaría, y que en última instancia la competencia para admitir o rechazar la propuesta era exclusivamente suya, rechazó nuestra petición. Esta actitud no es nueva. Todavía recordamos cuando anteriores gobiernos socialistas se negaban incluso a proporcionar las actas de los plenos, que son documentos públicos, al periódico Carcabuey y era el concejal de Izquierda Unida quien se las hacía llegar para facilitar sus tareas informativas. ¿Miedo? ¿A qué?

RECHAZADAS DOS MOCIONES DE IU-CA

La Comisión de Portavoces del Ayuntamiento de Carcabuey ha rechazado, en lo que llevamos del actual curso político, dos mociones presentadas por el Grupo Municipal de IU-CA. Informamos a continuación sobre ambos debates.
La primera de estas mociones, bajo el título: ESTUDIO Y ACUERDOS SOBRE LA PLANTILLA MUNICIPAL, CONTRATACIONES TEMPORALES Y CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, había sido presentada por nuestro grupo el pasado 1 de julio, llevándose a Comisión dos meses más tarde (31 de agosto). En ella solicitábamos al Pleno de la Corporación que, en el plazo de un mes, se estudiara en Comisión todo un conjunto de temas relacionados con la Plantilla y el empleo municipal, entre otros, las retribuciones de los empleados actuales, las contrataciones que se están efectuando, el seguimiento de la Bolsa de Empleo, las necesidades reales del Ayuntamiento y la delimitación de una RPT (relación de puestos de trabajo) municipal, la concreción de convocatorias de las plazas vacantes, procedimientos de selección para el empleo temporal no regulado por la Bolsa, al objeto de que se cumpla la ley y haya una verdadera igualdad de oportunidades entre los aspirantes, etc.
En el debate, el Alcalde, centrándose sólo en algunos de los puntos que solicitábamos anunció que había encargado a una empresa privada la valoración de los puestos de trabajo municipales y que solicitaría a la misma empresa un informe técnico con respecto a la RPT y la adecuación de la Plantilla Municipal, estimando que en el plazo de dos meses podríamos contar con el mismo. A esta propuesta, supuestamente alternativa a nuestra moción, que presentó el Alcalde, se unieron tanto el representante del PA como el del PP, quienes manifestaron que no se consideraban capacitados para el diseño de la RPT municipal y que el informe propuesto sería una herramienta técnica en la que apoyarse en la decisión a adoptar. Consiguientemente, nuestro compañero Pedro Calero se quedó sólo argumentando que la concreción de una RPT, tal y como ya se hizo, en la práctica, hace unos años, tiene que responder a las particularidades de nuestro municipio (que no conoce una empresa foránea) y a los criterios y objetivos de tipo político que se planteen; que, al final, sería el propio Ayuntamiento por consenso o por mayoría el que fijase y aprobase la RPT, no aceptando propuesta externa alguna, sino en la medida en que coincida con sus propios criterios e ideas, al respecto, y que por lo tanto, la propuesta carecía de sentido y sólo serviría para dilatar el tema, dejando pasar el tiempo hasta agotar el mandato sin cambiar nada ni tomar acuerdo alguno.
Pero, además, esa era sólo una de las propuestas que se presentaban a debate. Ninguna respuesta mereció para los tres grupos que rechazaron la moción, el resto de cuestiones planteadas, como eran, la actualización del convenio marco y de las prestaciones sociales y sanitarias, el estudio del funcionamiento de la Bolsa de Empleo y de los contratos temporales que está efectuando el Ayuntamiento, el acuerdo de un procedimiento selectivo para los mismos, que garantice el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, etc., siendo éste uno de los puntos más importantes que proponíamos, con el que, una vez más (como lo venimos haciendo a lo largo de este mandato) tratábamos de combatir y poner fin, de una vez, a la situación de enchufismo y discriminación de unos ciudadanos/as con respecto a otros, con que vienen actuando en nuestro Ayuntamiento los sucesivos Gobiernos Socialistas y del que no entendemos cómo los demás grupos municipales pueden desentenderse de ese modo.
Por nuestra parte, el hecho de que la moción haya sido rechazada, no significa un punto final en el asunto, sino que vamos a seguir por todos los medios que nos proporciona el Estado de Derecho y desde aquí comunicamos a todos y advertimos al Sr. Alcalde de que no vamos a permanecer pasivos permitiendo que se lleve a cabo un solo contrato más que incumpla las exigencias de un proceso selectivo con igualdad de oportunidades a todos los aspirantes respetando la legislación laboral y administrativa y conforme a lo que la propia Constitución establece.

Ver Moción

La segunda Moción, con el título: REGULARIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO, CORRECTA APLICCIÓN DE LA ORDENANZA Y MEDIDAS CORRECTORAS, fue presentada por nuestro grupo a raíz de las quejas que nos llegaron de algunos ciudadanos respecto a pagos excesivos que habían tenido que abonar a trabajadores del Ayuntamiento por servicios municipales del Cementerio, justificados mediante recibos que, según pudimos comprobar, no se correspondían a la legalidad y cuyas cantidades fijadas sobrepasaban sustancialmente a las de las tarifas fijadas en las Ordenanzas Municipales. Y a raíz, además, de que como consecuencia de las indagaciones, al respecto, que estábamos llevando cabo, como es nuestra obligación como concejales del Ayuntamiento, nuestro portavoz municipal, Juan Castro, recibiera una llamada en la que fue insultado y amenazado por parte de uno de estos trabajadores.
La Moción proponía, por un lado, que se esclareciera el funcionamiento del servicio municipal del Cementerio: quién cobra los servicios que presta el Ayuntamiento, cuánto se está cobrando y dónde se ingresan estas cantidades, que se corrigiera todo lo que no se estuviese realizando correctamente y conforme al procedimiento administrativo, y que se devolviesen a los ciudadanos/as usuarios del Cementerio Municipal cualquier cantidad que se le hubiese cobrado indebidamente.
Y por otro lado, que, por parte del Alcalde, se indagase sobre lo ocurrido y se tomaran una serie de medidas disciplinarias para que ningún trabajador municipal volviese a incurrir en comportamientos de ese tipo.
Iniciado el debate respecto de la primera cuestión, por parte del Alcalde y del portavoz socialista, manifestaron que efectivamente los trabajadores habían cobrado estas cantidades y no habían sido ingresadas en el Ayuntamiento, que se les había requerido para que las devolviesen y ya lo habían hecho, no sólo las correspondientes a los dos facturas denunciadas, sino todas las que habían percibido con anterioridad. Añadiendo que ese modo de proceder por parte de los empleados del Cementerio se venía produciendo desde hacía muchos años y también durante el mandato en que el grupo de IU-CA estuvo en el gobierno municipal, a lo que nuestro compañero en la Comisión, Pedro Calero, contestó que se trataba de una irregularidad grave y no propia de una Administración seria, que no tenía sentido que los grupos dedicaran su tiempo y esfuerzo en fijar unas tasas lo más adecuadas posibles y después se actuase de este modo, que ni el anterior Alcalde, Juan Castro, ni ninguno de los concejales de IU-CA, habíamos tenido conocimiento de irregularidades anteriores en cobros producidos por los servicios municipales, salvo en una ocasión, en que recibimos la queja de un usuario, atajándose el tema con la advertencia por parte del Alcalde y del propio Concejal, Pedro Calero, al anterior empleado del Cementerio de la ilegalidad que ello suponía y la orden tajante de que no se volviera a producir un hecho semejante, con lo que se dio el tema por resuelto, preguntando a continuación nuestro compañero que si el Alcalde y concejal socialista eran conocedores de estas actuaciones ¿por qué no habían actuado antes, y habían tenido que esperar a una denuncia o moción de nuestro grupo para hacerlo? Y ¿por qué votaban en contra de la moción cuando según las afirmaciones del Alcalde se había actuado conforme a muchas de las propuestas que en ella se formulaban?
Las intervenciones de los representantes de los grupos del PA y del PP fueron realmente sorprendentes y no propias de partidos de oposición, sino de apoyo total y absoluto al Equipo de Gobierno, con su actitud proclive a zanjar el asunto de cualquier modo y pasar página, en lugar de pedir un esclarecimiento de los hechos y llegar hasta el final en la subsanación de la situación, puesto que era a ellos precisamente a quien menos podía afectar y nada tenían que tapar. Incomprensiblemente, su voto fue contrario a la moción, justificándolo con argumentos tan insustanciales como que una parte de la misma era de denuncia y no correspondía a una moción, por parte del primero de ellos, y que no la creía conveniente puesto que las actuaciones también se habían producido años atrás, por parte del segundo, que llegó, incluso, a pedirle disculpas (¡!) por haber formulado una pregunta en tal sentido en el Pleno anterior.
En cuanto al segundo apartado, la actitud mostrada por el Alcalde fue positiva -al menos de puertas afuera- afirmando que había hablado con el trabajador y le había hecho ver cual es la función de los concejales, aunque estén en la oposición y que no podía mantener comportamientos de ese tipo, que ya tomaría él las medidas que creyera conveniente de acuerdo con sus competencias como alcalde, aunque no especificó cuáles serían. Pero votando, a pesar de ello, en contra de la moción.
La postura de los otros dos grupos no pudo ser más inhibida e indolente, no expresando en ningún momento ningún tipo de condena rotunda del altercado sufrido por un miembro de la Corporación en el cumplimiento de sus funciones como concejal, ni de respaldo o solidaridad con el mismo, limitándose a votar no a la moción y a cuantas medidas se proponían para evitar hechos de este tipo.
No sabemos qué pensarán de todo esto los votantes del PA y del PP, pero, desde luego, su forma de actuar en nuestro pueblo contrasta enormemente con la que mantienen fuera de Carcabuey. No hay más que ver, por ejemplo, la actuación que ha tenido el PP, en el reciente caso Velasco.

Ver Moción

ESPAÑA ESTÁ INMERSA EN AFGANISTÁN EN UN INMENSO GAL QUE HACE LA GUERRA SUCIA CONTRA EL TERRORISMO

¿Continuará España participando en la guerra criminal de ocupación de Afganistán después de la publicación de 90.000 documentos secretos?

Señor Presidente, la organización Wikileaks ha publicado en Internet 90.000 documentos de EEUU comprendiendo el periodo 2004-2010.

Periódicos muy influyentes se han hecho eco de la documentación clasificada. Los horrores de la guerra y las mentiras oficiales han quedado al descubierto:
-Las matanzas de civiles.

-La existencia de una unidad del ejército de EEUU encargada de secuestrar y asesinar sin juicio a líderes talibanes.

-La colaboración de los servicios secretos pakistanies con las fuerzas talibanes.

-La planificación de asesinato de jefes tribales.

-La utilización de diferentes tipos de armamentos, algunos prohibidos.

-El uso de aviones no tripulados causando numerosas bajas civiles.

-Han muerto 1.074 civiles en el primer semestre de este año, un 1,3% más que en el mismo periodo del año pasado.

-La OTAN mató hace solo cuatro días a 52 civiles en el sur del país, mayoritariamente mujeres y niños que se habían refugiado en una edificación de adobe huyendo de los combates.

Señor Zapatero, ¿conocía usted estas prácticas criminales? ¿Le informaban a usted como aliado? ¿Ha pedido usted explicaciones a la OTAN y a EEUU por los hechos graves que se contienen en los documentos publicados? ¿Qué hace usted cuando la OTAN de la que España forma parte comete un crimen matando mujeres y niños? ¿Mira usted para otro lado? ¿Como es posible que usted y la pacifista señora Chacón oculten información a la opinión pública sobre las realidades de una guerra de ocupación como la de Afganistán?
Es una burla y una traición a los ciudadanos.

Decía A.M.Rossenthal, del New York Times, que cuando algo importante está sucediendo, guardar silencio es mentir. El fundador de Wikileaks ha manifestado que el papel del periodismo es denunciar los abusos del poder, al tiempo que considera las matanzas de civiles un crimen de guerra.

Señor Zapatero, Obama ha continuado en lo esencial con la estrategia de Bush, y España continúa haciéndole el trabajo sucio al Imperio.

Ochenta españoles han muerto en Afganistán apoyando a un gobierno de narcos, ladrones y señores de la guerra. Nuestras fuerzas armadas están en Afganistán incumpliendo el referéndum de la OTAN, inmersas en un inmenso GAL que hace la guerra sucia contra el terrorismo.

IU le exige, señor Zapatero, que retire inmediatamente las tropas de Afganistán. Los documentos clasificados le convierten a usted en cómplice de crímenes de guerra. Si usted no toma ninguna medida a raíz de toda la documentación desclasificada y publicada por Internet e importantes medios de comunicación, pasará a la Historia como un gobernante que participó en una guerra sucia y criminal al dictado del Imperio.
¡Qué triste papel el suyo, señor Presidente!

A. Romero

CUENTAS EN SUIZA

(Miguel Ángel Luque Mateo / Diagonal)

Durante el mes de junio, tuvimos conocimiento de que unas 3.000 grandes fortunas españolas tenían cuentas en la sucursal suiza del banco británico HSBC, por importe de más de 6.000 millones de euros (una media de dos millones de euros por cuenta). Al parecer, un empleado de la entidad había revelado la relación de clientes del banco a las autoridades francesas, las cuales transmitieron esta información a la Hacienda española.

Dado que buena parte del establishment político y empresarial español podría estar implicado, la Agencia Tributaria, en lugar de comunicar a los titulares de dichas cuentas el inicio de actuaciones inspectoras de carácter general para investigar los Impuestos sobre la Renta, Sociedades y Patrimonio de los ejercicios no prescritos, optó por enviarles un amable requerimiento concediéndoles un plazo para que regularizaran su situación, con la imposición de tan sólo un recargo del 20% y los intereses de demora. De esta forma, al ofrecerles el tratamiento exclusivo de las regularizaciones espontáneas y extemporáneas, se evitaba que tuvieran que enfrentarse a la imputación por delito fiscal, lo que podría conllevar una pena máxima de cuatro años de cárcel y una multa de hasta el séxtuplo de las cuotas tributarias adeudadas.

Además, se remitió una instrucción interna a los inspectores de Hacienda para que, en su caso, sólo se sancionara por los intereses generados de las cuentas, pero nunca por el montante total supuestamente evadido. Como han denunciado los propios técnicos e inspectores, ello supone que un defraudador en Suiza de dos millones de euros pagaría hasta 23 veces menos (236.800 euros) de lo que normalmente se exigiría (5,4 millones de euros), con lo que “se estaría renunciado a recaudar cerca de 1.500 millones de euros”, cantidad que, curiosamente, coincide con lo que se pretende ahorrar mediante la congelación de las pensiones.

Llegados a este punto, conviene advertir al lector que si olvida presentar su declaración de la renta un año o incluir algún ingreso, no recibirá el mismo trato de favor. Le iniciarán un procedimiento de gestión o de inspección y le aplicarán el régimen sancionador tributario o penal con todo el peso de la ley. Este privilegio está reservado sólo a los ricos y poderosos, como ya ocurrió hace dos años con los 198 presuntos defraudadores descubiertos en Liechtenstein, así como con gran parte de las 12.000 empresas que acaparaban medio millón de euros en billetes de 500, a la mayoría de las cuales se les permitió presentar declaraciones “voluntarias” en 2008 y 2009.
Una oportunidad perdida

Los inspectores señalan que si desde el Gobierno se ha justificado el trato fiscal a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) –que tributan tan sólo al 1%, frente al 43% del tipo máximo del IRPF–, con el argumento de que el capital de estas sociedades podría irse a otros países si aumenta su gravamen, por ese mismo motivo se debería ser “especialmente duro” con estos presuntos defraudadores. Se ha perdido una oportunidad de oro para mandar un implacable aviso a aquéllos que, además de incumplir sus deberes fiscales, deslocalizan sus capitales ilegalmente, con un gravísimo perjuicio a la economía española en su conjunto.

Pero no olvidemos que el sistema tributario y su aplicación están diseñados para beneficiar a los bancos, las multinacionales y las grandes fortunas. Por tanto, la actuación de la Agencia Tributaria no podía ser sino tranquilizadora ante esta supuesta amenaza, en el marco del mensaje global que se les transmite: “mantengan los doce billones de dólares que tienen invertidos en los paraísos fiscales; nunca los vamos a pillar y si, excepcionalmente, ocurre una disfunción en el sistema, les concederemos la correspondiente ‘amnistía fiscal”.

Miguel Ángel Luque Mateo, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería

CONTENCIOSO GUADALINFO – 2008

RESUMEN DE IRREGULARIDADES DETECTADAS

- A partir del 5 de julio de 2007, por renuncia de la anterior dinamizadora, el Alcalde le proporcionó “a dedo” dos contratos de trabajo a una persona que (al margen de cualquier otro hipotético favoritismo) a la postre resultaron determinantes para hacerla lograr el primer lugar en la selección de aspirantes para el puesto de dinamizador/a del Programa de Guadalinfo, llevada a cabo en abril de 2008.

- Las Bases por las que se reguló la convocatoria se aprobaron sin información previa a los miembros de la Corporación ni dictamen de Comisión Municipal.

- Se opta por un Tribunal integrado únicamente por empleados públicos “independientes”, en el que no están representados los Grupos Municipales y por tanto sin ningún control político de su actuación.

- Se excluye cualquier tipo de prueba objetiva.

- En la valoración de méritos, la candidata seleccionada obtuvo 5,4 puntos. De ellos, 1,35 obtenidos ventajosamente, gracias a su trabajo previo en el centro Guadalinfo (0,90 correspondientes a méritos profesionales y 0,45 a cursos realizados), resultaron decisivos para la obtención del puesto de trabajo, ya que su diferencia de puntos con respecto a la segunda clasificada fue finalmente inferior a esta cifra.

- Aun así la candidata seleccionada, en la baremación del currículo quedó en tercer lugar.

- El vuelco posterior se produjo debido a que, en la entrevista, le fue otorgada una puntuación muy alta, 9,18 puntos, frente a calificaciones –en algún caso- muy bajas de sus competidoras. En el acta se puede apreciar:
* Que hubo puntuaciones, en algún caso, absolutamente dispares e incongruentes entre los miembros.
* La discrepancia de uno de los miembros respecto a los demás, sobre todo en la puntuación otorgada a la candidata seleccionada, según la cual, sólo ocuparía un tercer lugar (empatada con el cuarto), de las cinco candidatas entrevistadas.
* Que algunas puntuaciones otorgadas en la entrevista a la candidata (con todos los respetos) son imposible de entender según el perfil exigido para ese puesto de trabajo:
. Persona que tenga un espíritu de servicio hacia el usuario/a: disponibilidad de atención, capacidad y uso de técnicas de escucha activa, y habilidades de comunicación con el público.
. Inserto/a en la dinámica social del municipio, perfil de líder local con buenas relaciones con los agentes locales claves de la comarca.

- El procedimiento seguido –según lo atestigua la documentación obrante en el expediente- evidencia una escasa preocupación por hacer bien las cosas, con abundantes defectos de forma (parece como si se actuara cumpliendo un trámite sin mayor importancia).
- Pero lo más sorprendente es que –según pudimos comprobar- la candidata seleccionada no aportó documentación acreditativa de poseer la titulación mínima exigida (Bachillerato o de FP Superior, proveniente de disciplinas sociales o del sector TIC), sino de técnico de la rama sanitaria, especialidad de protésico dental.

SOBRE EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

En el periódico CARCABUEY de Julio, aparecen varias informaciones relacionadas con el Pabellón Polideportivo: en ‘Pinceladas de Julio’ se hace referencia al acto de inauguración del mismo celebrado el día 23, también aparece un artículo firmado por “Grupo de manifestantes”, en el que se puede leer el manifiesto que estos jóvenes leyeron en la plaza tras la manifestación que celebraron el día 30, cuando, una semana después de la inauguración del Pabellón, aún seguía cerrado. Por último, aparece otro que se publicó en el diario Córdoba el día 1 de agosto, donde se recoge la protesta de los jóvenes y algunas declaraciones realizadas por el alcalde de Carcabuey al citado diario. Sobre estas declaraciones tenemos que contestar lo siguiente:

En primer lugar, hay que decir que las verdades a medias son grandes mentiras, pues si bien es cierto que en la anterior legislatura no se pudo terminar el Pabellón, fue por el hecho de que la empresa adjudicataria de la obra no cumplió el contrato firmado con el Ayuntamiento, circunstancia ésta ajena a cualquier gobierno municipal, aunque asumimos la responsabilidad que nos corresponda, pero no hay que olvidar que en 2003 nosotros heredamos esta obra del mismo Alcalde actual (que ahora parece que llegó de nuevas) estando construida solamente la estructura, después de varios años desde su inicio. En la etapa de 2003 a 2007, el Gobierno Municipal de entonces firmamos un convenio con la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes por un importe de 600.000 €, con una financiación del 50 %, que junto con alguna aportación menor de la Diputación y Obras PROFEA se le dio el mayor impulso recibido por esta infraestructura. Luego, el Ayuntamiento actual ha heredado algo más que problemas.

En cuanto a otro apartado de sus declaraciones, en el que dice que se está trabajando en una Ordenanza para regular la utilización del recinto y que ha contado en su fase previa con el apoyo del PSOE, PP y PA, mostrándose en contra, IU-CA, hemos de aclarar algunas cosas: En lo que se está trabajando actualmente es en un Reglamento sobre el Uso y Normas de las Instalaciones Deportivas Municipales (entre ellas, el Pabellón), habiéndose tratado en dos Comisiones Informativas: una el día 22 de junio, en la que el Concejal de Deportes presentó un borrador dando un tiempo para estudiarlo y presentar distintas propuestas, correcciones, etc., hasta finales de julio. Efectivamente, el 26 de julio se convoca una nueva Comisión, pero en ella, lo que hizo el Presidente del Área fue presentar un nuevo borrador totalmente distinto al primero. Desde el Grupo Municipal de IU-CA hemos estudiado ambos borradores y mostramos nuestra oposición clara al segundo por ser incompatible en muchos de sus artículos a la Ordenanza Fiscal aprobada en Mayo y dejar muchos puntos a la discrecionalidad del Concejal de Deportes, al tiempo que manifestamos nuestra disposición a aprobar el borrador presentado el 22 de junio, con algunas correcciones. A la última de estas Comisiones no asistieron los representantes del PP ni del PA, por lo que el tema quedó aplazado para una tercera reunión. Es decir, que en ningún momento de su fase previa se ha sometido a votación el citado Reglamento. En definitiva, el Alcalde ha debido confundir el Reglamento de Uso con la Ordenanza Fiscal, que regula el precio público por su utilización, que se aprobó en el pleno del pasado 4 de mayo y en el cual el grupo de IU-CA si votó en contra, por cuanto lo consideramos caro, sobre todo en competiciones oficiales y actividades organizadas por organismos públicos e, incluso, por el propio Ayuntamiento, así como por haberse negado el Concejal de Deportes a reunirse con los colectivos usuarios de estas instalaciones para tratar de llegar con ellos a un acuerdo. Si no se trata de una confusión del Alcalde, simplemente estaría mintiendo.

Por último, con respecto a su declaración de que la manifestación celebrada tenía tintes políticos, parece -como en ocasiones anteriores- querer apuntar hacia la intervención de IU-CA, quizá por no ser capaz de entender, como en tantas cosas, las razones de una protesta espontánea –ajena a cualquier interés político- por parte de unos jóvenes aficionados al deporte hartos de esperar a poder disfrutar de una vez en su pueblo de unas instalaciones como las que hace tiempo disfrutan en otros pueblos cercanos, las cuales, por unas razones o por otras, desde el Ayuntamiento no hemos podido ponerle a su alcance con mayor premura y que, todavía después de inauguradas, han de seguir pacientemente prorrogando su larga espera.

Pero una vez comentadas las declaraciones del Alcalde, vayamos al fondo del problema actual, al porqué de esta situación tan poco normal en la que después de inaugurado el Pabellón siga sin abrirse y funcionar con normalidad. Antes de nada, hemos de resaltar que desde el Grupo Municipal de IU-CA a lo largo de este mandato hemos colaborado todo lo posible con el Equipo de Gobierno en este tema, dejándolo actuar con total comodidad para no ocasionar ningún nuevo retraso y nos hemos alegrado enormemente cuando, al fin, las obras hubieron finalizado y quedábamos a la espera de su pronta puesta en funcionamiento, pero llegado a este punto en que el Alcalde y su Equipo de Gobierno en lugar de dar explicaciones y de asumir sus responsabilidades se dedica a dar informaciones inexactas, desviar la atención y señalar a otros como responsables, es conveniente dar algunas claves para entender el sin sentido de la situación actual.

Como ya hemos dicho, tras la firma del convenio en la legislatura anterior y adjudicada la ejecución del proyecto a la empresa RENOS, ésta por problemas internos no culmina la finalización del mismo. Ya en el presente mandato, después de resolver el contrato con dicha empresa -con la imposición de la sanción económica correspondiente- y después de varias modificaciones del proyecto anterior de finalización del Pabellón y la incorporación de partidas nuevas, se valora en 305.468,08 € el coste para su conclusión definitiva; y el 2 de septiembre de 2009 el Alcalde actual firma un nuevo convenio con la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte por este importe al 50%, es decir, 152.737,04 € a financiar por parte del Ayuntamiento y la misma cantidad por parte de la Consejería. Pero la clave está en las anualidades en las que se aplica este convenio:

AÑO        AYUNTAMIENTO              CONSEJERÍA

2009            152.737,04                         76.367,02

2010                 -----                                     -----

2011                  -----                               76.367,02

Es decir, a nuestro entender, el problema puede radicar en que la obra se termina un año antes de disponer de la segunda anualidad por parte de la Junta de Andalucía. Hay otro dato muy clarificador que se puede comprobar en el acta del Pleno del 4 de mayo pasado, tal y como fue publicada en el periódico CARCABUEY de ese mes. En el punto Séptimo, Decretos y Gestiones, podemos leer dos Decretos de Alcaldía que resultan curiosos:

· Decreto 36/2010 de fecha 4-03-2010: - Aprobación corrección proyecto refundido terminación pabellón polideportivo.

· Decreto 60/2010 de fecha 7-04-2010: - Aprobación proyecto refundido terminación de pabellón polideportivo de Carcabuey.

El proceso normal debería haber sido, en primer lugar, aprobar el proyecto, después, adjudicar la obra y posteriormente ejecutarla, y no al revés. En la última Comisión de Deportes celebrada el 26 de julio en el apartado “Informes Varios Presidencia”, formulé la siguiente pregunta al Concejal de Deportes: “¿Por qué el Pabellón después de inaugurarse se ha cerrado?”, ofreciéndole nuestro respaldo para su inmediata apertura. Pero el concejal, en su respuesta, no aclaró nada y nos manifestó que el Alcalde convocaría una Comisión con todos los grupos para informar sobre el tema, reunión que, al día de hoy, aún no se ha celebrado.

En conclusión, el Alcalde y su Equipo de Gobierno deberían explicar y resolver los problemas que existan y dejarse ya de culpar a los demás y confundir a los ciudadanos.

19 de Agosto de 2010

Juan Castro, Portavoz Grupo Municipal de IU-CA