La
situación que impera en el sector eléctrico español es la de un oligopolio de
hecho, en el que cinco grandes compañías asociadas en UNESA dominan el 80% de
la producción y el 90% de la comercialización. Oligopolio que hunde sus raíces
en pleno franquismo, con nombres que habían contribuido a la financiación del golpe
de estado que dio origen a la guerra civil, como los March, Oriol, etc., a quienes el régimen de
Franco devuelve el favor con la no nacionalización -tal y como se hizo en los
países más avanzados- que les generó unos sustanciosos beneficios. La
concentración empresarial posterior en una rama comercial que tiende al
monopolio permitió la consolidación de un bloque bancario-eléctrico que, tras
la transición, ha continuado actuando como lobby y gozando de una enorme
capacidad de imponer su ley.
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