Por otro
lado, a partir del pool eléctrico el sistema reconoce a las centrales
generadoras unos altos costes fijos de producción que ellas mismas establecen
(pero nunca auditados) y que sitúan a la energía eléctrica española como una de
las más caras de Europa. Bajo todas estas circunstancias las predicciones
anunciadas por el Gobierno de Aznar de reducción de precios tras la liberación
del mercado (que hemos de recordar nos costó 5 billones de ptas., con las que
el estado primó a estas empresas para “adecuar su transición a la competencia”)
sólo pudieron cumplirse durante unos primeros años de tregua inicial,
emprendiendo a partir de 2002 su remontada. Por motivos políticos (no
interesaba que la opinión pública asociara subidas con liberalización del
mercado eléctrico), el entonces ministro Rodrigo Rato estableció una regla
según la cual la tarifa eléctrica nunca podía subir más que el IPC. Se trataba
de un artilugio con el que el gobierno del PP ocultaba a la opinión pública la
verdadera subida de precios, escondiendo “bajo la alfombra” la parte de las
subidas no incluidas en las facturas, que se van acumulando en una deuda que el
estado asume frente a las eléctricas. Surge así el llamado déficit tarifario,
que no es de naturaleza económica, sino regulatoria, y que creció
espectacularmente a partir de 2005, ya con el PSOE en el poder.
Actualmente
el déficit tarifario ronda los 30 000 mill. de € de stock de deuda que, aún derogada la regla Rato, ha seguido creciendo.
Una deuda generada sobre el consumo de un artículo de primera necesidad en
tiempos en los que la economía gozaba de buena salud y que debemos pagar ahora
y con intereses (consumidores y Estado) en la difícil situación económica en
que nos encontramos. ¡El despropósito no ha podido ser mayor!
