LA SUBIDA DE LA LUZ, CLAVES PARA SU EXPLICACIÓN Y ALTERNATIVAS

El precio de la tarifa eléctrica ha subido en España más de un 70 % desde 2005, siendo la tercera más cara de Europa en unas circunstancias que han llevado a que el 10% de la población sufra lo que se ha dado en llamar pobreza energética. ¿A qué se deben estas desmesuradas subidas que lastran nuestra industria y agravan las dificultades económicas de millones de familias en la actual situación de crisis? ¿Cómo es posible que estemos pagando casi el doble de precio que la media europea y al mismo tiempo dos de las empresas españolas ocupen el 2º y 3er lugar en el ranking de ganancias de empresas eléctricas europeas?

Desentrañar esta realidad se hace harto complicado dada la maraña de datos, interpretaciones y mecanismos con los que se opera en un sistema tan complejo. Como alguien ha dicho “no hay cosa más opaca en la economía de este país que el precio de la electricidad”. No obstante, en base a distintas informaciones y análisis, intentaremos aproximarnos de modo sucinto a la contestación de estas preguntas por medio de las siguientes claves:

1ª.- EL OLIGOPOLIO

La situación que impera en el sector eléctrico español es la de un oligopolio de hecho, en el que cinco grandes compañías asociadas en UNESA dominan el 80% de la producción y el 90% de la comercialización. Oligopolio que hunde sus raíces en pleno franquismo, con nombres que habían contribuido a la financiación del golpe de estado que dio origen a la guerra civil, como los  March, Oriol, etc., a quienes el régimen de Franco devuelve el favor con la no nacionalización -tal y como se hizo en los países más avanzados- que les generó unos sustanciosos beneficios. La concentración empresarial posterior en una rama comercial que tiende al monopolio permitió la consolidación de un bloque bancario-eléctrico que, tras la transición, ha continuado actuando como lobby y gozando de una enorme capacidad de imponer su ley.

2ª.- EL SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL

La liberalización parcial del mercado eléctrico llevado a cabo por el gobierno de Aznar en 1997,  fija unas bases que otorgan todas las ventajas a las grandes compañías.

En el actual sistema eléctrico los precios de la electricidad se han venido fijando en subastas mayoristas (pool eléctrico) en las que diariamente se adjudica la demanda por tramos horarios del día siguiente a las centrales de generación, pero con la particularidad de que el precio más caro contratado es el que se fija de modo uniforme para toda la energía adjudicada en la subasta.

Se trata de un sistema que genera un amplio margen comercial. Además, según estas reglas de juego, a las grandes eléctricas en determinadas circunstancias les puede interesar mantener inactivas sus centrales gestionables (hidroeléctricas) para que entren en juego las centrales de producción más cara (ciclos combinados de gas) lo cual incrementará el precio de la energía eléctrica y su margen de beneficios.

3ª.- EL DÉFICIT TARIFARIO

Por otro lado, a partir del pool eléctrico el sistema reconoce a las centrales generadoras unos altos costes fijos de producción que ellas mismas establecen (pero nunca auditados) y que sitúan a la energía eléctrica española como una de las más caras de Europa. Bajo todas estas circunstancias las predicciones anunciadas por el Gobierno de Aznar de reducción de precios tras la liberación del mercado (que hemos de recordar nos costó 5 billones de ptas., con las que el estado primó a estas empresas para “adecuar su transición a la competencia”) sólo pudieron cumplirse durante unos primeros años de tregua inicial, emprendiendo a partir de 2002 su remontada. Por motivos políticos (no interesaba que la opinión pública asociara subidas con liberalización del mercado eléctrico), el entonces ministro Rodrigo Rato estableció una regla según la cual la tarifa eléctrica nunca podía subir más que el IPC. Se trataba de un artilugio con el que el gobierno del PP ocultaba a la opinión pública la verdadera subida de precios, escondiendo “bajo la alfombra” la parte de las subidas no incluidas en las facturas, que se van acumulando en una deuda que el estado asume frente a las eléctricas. Surge así el llamado déficit tarifario, que no es de naturaleza económica, sino regulatoria, y que creció espectacularmente a partir de 2005, ya con el PSOE en el poder.

Actualmente el déficit tarifario ronda los 30 000 mill. de € de stock de deuda que, aún derogada la regla Rato, ha seguido creciendo. Una deuda generada sobre el consumo de un artículo de primera necesidad en tiempos en los que la economía gozaba de buena salud y que debemos pagar ahora y con intereses (consumidores y Estado) en la difícil situación económica en que nos encontramos. ¡El despropósito no ha podido ser mayor!

4º.- LAREFORMA DE 2013

Para hacer frente al déficit tarifario y ante el irrefrenable incremento del precio de la luz, el gobierno emprende en 2013 una reforma superficial basada en el aumento de la parte fija de la tarifa y en la eliminación de las primas de las renovables a las que trata de señalar como causantes de la gravosidad del mismo, sin tener en cuenta que si por un lado aumentaban la carga de peajes, por otro abarataban el precio de la energía en las subastas.

Los únicos efectos de esta reforma han sido el freno que está suponiendo a un sector en el que España cuenta con tecnología punta a nivel mundial y capacidad de generar miles de puestos de trabajo, y al futuro energético del país, ya que la factura ha seguido subiendo, incluso de forma escandalosa (como ocurrió el pasado enero en la subasta CESUR).

5º.- LA ACTUAL TARIFA

Estas subidas que siguen agravando el drama social y económico del país han llevado al gobierno a la modificación del mecanismo por el que se fija la parte variable de la tarifa TUR (ahora llamada PVPC), a la que estamos acogidos unos 20 millones de usuarios. Así, desde el pasado mes de abril en la determinación del término de energía de la tarifa, se sustituye la subasta trimestral CESUR por el precio fijado directamente en las subastas diarias para cada tramo horario (inviable para la gran mayoría de usuarios que disponemos de contador convencional) o bien por un tarifa plana previamente acordada con la comercializadora. Se trata de un parche un tanto chapucero, al ser difícilmente entendible para la gran mayoría de usuarios, que desconocerán previamente los precios que se les van a aplicar. Esto ha llevado  a organizaciones de consumidores como FACUA a denunciarla ante Bruselas y ante la propia Defensora del Pueblo por incumplimiento de directivas europeas y vulneración de elementos básicos de la protección a los consumidores, sin que se garantice de ningún modo que los precios no sigan subiendo.

6ª.- LA PUERTA GIRATORIA

No puede ser casual que en compañías extremadamente dependientes de la regulación pública, como son las eléctricas hayan proliferado los “fichajes” de ex políticos entre sus consejeros o asesores pagando unas más que sustanciosas remuneraciones.

Como más sobresalientes se encuentran los de los ex presidentes del Gobierno Felipe González -hasta que lo ha dejado “por aburrimiento”- por parte de Gas Natural-Fenosa y José María Aznar por parte de Endesa, eléctrica que fue privatizada durante su mandato.

Pero hay muchos más. En Endesa: la ex vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado (PSOE), el ex Diputado portavoz de CiU en el Congreso, Miquel Roca; el exministro de UCD, Rodolfo Martín Villa (posteriormente pasado a las filas del PP); el ex Diputado Manuel Pizarro (PP); el ex Ministro Portavoz del Gobierno del PP, Pío Cabanillas; y estuvo entre un cargo público y otro, el actual ministro de Economía, Luis de Guindos (PP). En ENEL (del mismo grupo empresarial que Endesa): el ex Ministro del PSOE, Pedro Solbes. En Iberdrola: el ex Ministro Ángel Acebes y el ex Secretario de Estado, Ramón de Miguel, (ambos del PP). En Red Eléctrica de España: los ex ministros, Miguel Boyer y María de los Ángeles Amador (ambos del PSOE); el ex Secretario de Estado en el Gobierno de Aznar, José Folgado (PP); y estuvo también el ex Ministro del PSOE, Luis María Atienza. En HC Energía: los ex ministros Luis Martínez Noval (PSOE) y Ana Palacio (PP). Etc., etc.

Esta llamada “puerta giratoria” de discutible ética y transparencia en la Administración Pública, hay quien lo interpreta como un aprovechamiento del “activo” que pueden aportar estos antiguos cargos públicos con sus contactos, labrados durante sus años en el Gobierno, aunque, por otras voces, se la califica directamente como de "corrupción elegante" o encubierta, ya que puede suponer un pago de favores (en algunos casos sus retribuciones superan los 600 000 € anuales) que mantenido en el tiempo constituye una permanente invitación premiada para que los Administradores Públicos actúen a favor del lobby eléctrico. Sus consecuencias también se trasladan al recibo de la luz que todos hemos de pagar. 

ALTERNATIVAS

De la lectura de todo lo anterior se desprenden muchas de las medidas que creemos deberían tomarse, haciéndose necesaria una reforma en profundidad del sistema energético con la implantación progresiva de las energías renovables bajo un modelo descentralizado que favoreciera la proliferación de pequeñas instalaciones y el autoconsumo de energía, que además de reducir las emisiones contaminantes y de CO2, favorecería la eficiencia energética al generarse la energía en el punto de consumo, mejoraría la balanza comercial y disminuiría nuestra dependencia energética. A medio plazo, supondría una reducción del coste medio de producción, democratizaría el sistema energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector.

Debería implantarse un precio “bonificado” o “social” para consumidores con poco poder adquisitivo, asegurar la prestación de los servicios públicos y garantizar, en todo caso, el suministro básico esencial de energía para que nadie más pueda verse privado de este servicio básico por carencia constatada de recursos económicos.

Creemos necesario el control público de las empresas del sector energético para preservar el interés general de un servicio esencial y llevar al sector público los servicios básicos, como la de la red de transporte eléctrico.

Por último, es exigible una auditoría energética, pública y rigurosa, tal y como están demando distintos agentes sociales, para determinar las causas reales, si las hay, del déficit tarifario.

¿VUELTA A LA ESCLAVITUD?

El pasado día 30 de septiembre [de 2010], el siguiente al de la huelga general contra las medidas del Gobierno Zapatero, nos levantamos escuchando la noticia de que se habían detectado barcos pesqueros africanos, que trabajaban para los mercados europeos, con mano de obra en régimen de esclavitud. Noticia, que me ha servido de punto de partida para una reflexión sobre la situación social que vivimos actualmente al hilo de la crisis económica.

La esclavitud no es un hecho anecdótico en la historia de los seres humanos, ni siquiera en la actualidad. De hecho, aún hay países como Mauritania que la toleran y amparan abiertamente y hay estudios que hablan de la existencia de 27 millones de esclavos en todo el mundo. Por otro lado, es conocido cómo prestigiosas marcas de material deportivo producen las prendas que vestimos en países orientales con el trabajo de niños en situaciones de semiesclavitud y total explotación. Igualmente, los productos agrarios que utilizan importantes cadenas mundiales de comida rápida son obtenidos en países asiáticos con mano de obra barata y explotada, niños africanos trabajan en condiciones de absoluta miseria en la extracción de minerales con los que se fabrican los chips de los aparatos electrónicos que utilizamos y en los propios países occidentales, frecuentemente surgen noticias sobre redes de trata de blancas que mantienen en cautividad a mujeres procedentes de África, Sudamérica o países del Este para explotarlas sexualmente (todo ello, sin ir más lejos y no entrando a analizar otros fenómenos plenamente actuales, como la manipulación de las conciencias y de los comportamientos de consumo, mediante el control de los medios de comunicación y la publicidad).

Lo primero que hemos de tener en cuenta para entender esta triste realidad aún presente en nuestro mundo globalizado es que el dominio, el sometimiento, la explotación y la esclavitud son características que han presidido el régimen de relaciones entre los pueblos, las clases sociales y los individuos a lo largo de la historia de la humanidad y, como vemos, aún tienen vigencia. Hace sólo siglo y medio que la esclavitud pura y dura  fue abolida en EE.UU. y aún tardarían algunas décadas más en hacerlo otros países hispano-americanos como Brasil o la Cuba bajo dominio español.

Las necesidades de producción, en relación dialéctica con la respuesta surgida de las fuerzas del trabajo, son las que determinan el tipo de relaciones laborales en una sociedad. Nuevas condiciones provocan cambios formales en su regulación, generando una superestructura cultural y jurídica en la que tratan de sustentarse. Históricamente, fue a partir del pensamiento ilustrado cuando las ideas de defensa de la libertad, la igualdad y la armonía entre los seres humanos se fueron abriendo paso hasta llegar a triunfar con la Revolución Francesa al comienzo de nuestra Edad Contemporánea, aplastando la tiranía de la monarquía absoluta. Los derechos humanos comienzan a ser considerados universales y consustanciales a su propia naturaleza y, de la mano del pensamiento liberal -al que siguieron las ideas libertarias y socialistas que alimentaron el movimiento obrero y sus luchas continuadas contra las desigualdades y la explotación del hombre por el hombre- se consiguió, en las sociedades de una parte del planeta, que las personas –independientemente de su condición social- comenzasen a ser consideradas formalmente en igualdad, como sujetos de derechos y libertades, en la jurisdicción de los Estados democráticos modernos.

El triunfo de la revolución rusa en 1.917 significó para las clases trabajadoras la ilusión de sacudirse la opresión de clase y abrir las puertas a la igualdad real, a la libertad y a la prosperidad en un conjunto de países que siguieron esta senda. Aun cuando este modelo socialista fracasó debido a la falta de libertades y a la ineficaz burocracia de su sistema político y económico, su influencia fue importante, no ya en su área de dominio, sino en las democracias occidentales que detentaban las economías más fuertes del planeta, en las que, ante la “competencia social” del socialismo real produjo bastantes concesiones en cuanto a la elevación del nivel de vida de las clases trabajadoras y a medidas de protección social que culminaron en el modelo llamado Estado de Bienestar, tal y como lo hemos conocido durante varias generaciones.

La revolución científico-técnica en los países desarrollados multiplicó la producción de recursos hasta llegar a cubrir las necesidades básicas de la sociedad en su conjunto sin menoscabar el status de poder y riqueza de las clases pudientes. Así fue como la muerte por hambre (la peor de las esclavitudes) de una parte de la población, que también había sido una constante universal a lo largo de todos los períodos históricos, comenzó a ser erradicada mediado el pasado siglo, aunque sólo fuese en un área geográfica minoritaria del globo que se conoce como Primer Mundo, extendiéndose parcialmente con posterioridad por otros países calificados como en vías de desarrollo o emergentes.

Pero si la esclavitud en sentido estricto había sido abolida en casi todos los países del globo, otras formas de esclavitud, como la opresión, la explotación y el hambre, nunca llegaron a desaparecer de la faz de la Tierra. El imperialismo y el sometimiento del tercer mundo, por parte de las grandes potencias, con nuevas formas de colonialismo, permitió a éstas sacar la pobreza fuera de sus fronteras, a costa de aumentar la de los países menos desarrollados. A partir de ahí, lo que sí se produjo, en la parte más avanzada de la humanidad -y que ha marcado una referencia universal en la que se miraba el resto del planeta-, fue una línea de avance y progreso en nivel de vida y derechos sociales de las capas populares de la sociedad, en gran medida de la mano del modelo keynesiano, configurando un Estado protector y prestador de un amplio conjunto de servicios públicos, cuyo influjo llegó a traspasar, incluso, las fronteras de la subyugada España franquista, en su última etapa, allanando el terreno hacia la democracia.

Después vinieron los grandes cambios, el bloque del Este se desploma, se impone un modelo económico en el que el capital es hegemónico, las fronteras comerciales desaparecen, el mundo se globaliza, el sistema comienza a ser gobernado por el pensamiento neoliberal, y ¿con qué consecuencias nos encontramos?

Todo parece indicar que la época que nos ha tocado vivir va a ser testigo de un punto de inflexión a partir del cual la línea hasta ahora ascendente en cuanto al logro de derechos y bienestar de nuestra sociedad occidental está comenzando a declinar: la democracia se resiente desde el momento que las grandes decisiones se toman en el seno de corporaciones transnacionales y son impuestas por la llamada dictadura de los mercados (en realidad, por los poderosos dominadores de los mismos), las normas y reglas del sistema son adoptadas por organismos internacionales como el FMI, la OMC, El Banco Mundial o el Banco Central Europeo e, incluso, los Bancos centrales de cada país, organismos no elegidos o no controlados mediante mecanismos democráticos que, con la apariencia técnica y de neutralidad, imponen a los Estados de todo el mundo, su propio debilitamiento y el seguimiento de las políticas que interesan al capital internacional, sin que los gobiernos soberanos y elegidos democráticamente puedan hacer mucho para cambiarlas ni para saltárselas. 

¿Por qué hay crisis y quién la ha generado? ¿Por qué no se hace pagar su irrresponsabilidad a los especuladores financieros causantes de la misma y se toman medidas para que no puedan seguir actuando a sus anchas poniendo en peligro economías de países enteros? ¿Por qué se habla de reformar el capitalismo y luego no se cambia nada? ¿Cómo algo tan importante y vital en una economía, como es su sistema financiero, puede dejarse en manos de un irresponsable juego de casino? Es el libre mercado desregulado y al albur de tiburones sin piedad, el que tiene el mundo “patas arriba” y está llevando a millones de personas a la pobreza y hasta la miseria más absoluta.

Como ha dicho el profesor Juan Torres, “si hay algo que nos ha enseñado esta última crisis son las consecuencias de un sistema de negocios en el que todo vale y de que se permita que las corporaciones más poderosas actúen siguiendo una guía de conducta completamente amoral y ajena a los principios éticos que consideramos imprescindibles para regular civilizadamente la sociedad”.

Antes o después, saldremos de la crisis en nuestro entorno europeo y primer-mundista, lo que está en juego es de qué forma lo haremos, qué precio pagaremos cada uno por ello y cómo van a quedar las cosas después.

Hay quien vaticina la descomposición de las clases medias y la pérdida de poder adquisitivo de las capas populares, el aumento del número de mileuristas, la precariedad y baja calidad del empleo de los jóvenes (incluidos los universitarios), bolsas de parados mal subsidiados mayores de 45 años, etc.

Tanto o más preocupante que la crisis lo son las políticas defendidas para salir de ella desde las instancias empresariales y de dominio del capitalismo mundial con las que presiona la derecha y a las que el gobierno de Zapatero, en nuestro país, se ha acabado doblegando en lo fundamental. Políticas que en realidad no son para salir de la crisis, ya que, por ejemplo, los economistas reconocen que la reducción drástica del déficit ralentiza la recuperación. Se trata de “tranquilizar a los mercados”, esos entes que funcionan supuestamente de modo técnicamente neutral, movidos por la libre competencia pero cuyo mecanismo perverso, guiado por una espiral especulativa libre de todo control, deriva inexorablemente hacia la rebaja de costes salariales y derechos sociales, la imposición de “paz social”, etc.

Los gobiernos del capital se dejan llevar. De lo que se trata es de aprovechar la coyuntura para imponer un recorte de salarios, de prestaciones sociales, el aumento de la edad de jubilación, un recorte de derechos laborales, sometidos en España, como en otros países, a una reforma que se ha querido vender como necesaria para acabar con el empleo temporal y disminuir el paro, pero en la que, si el despido se abarata hasta niveles mínimos, en realidad lo que se pone fin es al empleo fijo, además de no servir para reducir el paro, como ha quedado demostrado durante los meses en que lleva aplicándose, habiéndose alcanzado en el pasado febrero un nuevo record de parados/as.

Caído el Muro de Berlín, los grandes dominadores mundiales han pensado que es hora de dar una vuelta de tuerca contra los derechos de los trabajadores, contra la negociación colectiva y el propio sindicalismo… y de arremeter directamente contra el Estado de Bienestar.

De la capacidad de respuesta y lucha del conjunto de la clase trabajadora dependerá el resultado final de la ofensiva desatada, de ahí el importante reto que se plantea en estos momentos a la izquierda. Una izquierda poco preparada para hacer frente a la nueva situación porque ésta la ha sorprendido, en buena medida, más complaciente con la bondad del sistema que consciente de su papel en el mantenimiento de las conquistas sociales logradas.

El discurrir de los hechos nos irá mostrando hacia dónde camina la humanidad: si todos estos sacrificios de la clase trabajadora sólo van a suponer un simple paréntesis más o menos necesario para el mantenimiento del Estado de Bienestar, o si, por el contrario, -aunque pueda sonar apocalíptico- va a ser el propio Estado de Bienestar el que finalmente suponga un mero paréntesis histórico entre esclavitud y esclavitud -en cualquiera de sus formas- de la que el capitalismo no es capaz de prescindir, del mismo modo que tampoco está pudiendo evitar destruir los recursos medioambientales y alterar las constantes vitales de nuestro planeta.

                                                                                                                       P. Calero